*La titular del Poder Judicial asevera que la oralidad penal está ya consolidada tras varios años

*El vocero de la Comisión de la Verdad señala que la publicidad del sistema ha servido para dar una mayor certeza

*El ex presidente de la Asociación de Abogados alerta sobre algunas prácticas y situaciones a corregir

*El subfiscal de Nayarit afirma que es muy bajo el número de amparos que invalidan, anulan o revocan determinaciones dictadas por los jueces de oralidad

Gabriel Adrián Orozco Maldonado/ Séptimo Cantón

Tepic. -La impartición de justicia en México siempre ha estado de la mano con la percepción de corrupción en sus diferentes vertientes; por lo anterior, era necesario un cambio relevante para nuestro país. El 18 de junio de 2008 México recibió una de las noticias más importantes, el Diario Oficial de la Federación publicó un decreto que reformaba la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio. ¿Qué pasó en Nayarit? El tema fue gradual y es hasta el 18 de agosto de 2014 que se publicó en el Periódico Oficial, órgano del gobierno estatal, la declaratoria de implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en el estado de Nayarit.

Antecedentes

Por acuerdo 18/CJ/VI/2014 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de Nayarit, se construyó el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral, con residencia en Tepic, para empezar funciones a partir del 15 de diciembre de 2014.

Los dos primeros puntos del respectivo acuerdo de creación (Información del poder judicial de Nayarit):

PRIMERO. Se crea el Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral del Poder Judicial del Estado de Nayarit, de conformidad con las atribuciones que le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, el Código Penal para el Estado de Nayarit, el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones legales y reglamentarias.

SEGUNDO. El Juzgado de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio y Oral tendrá competencia territorial en los municipios de Santa María del Oro, Tepic y Xalisco, respecto de los delitos de: violencia familiar; abandono de familiares; delitos de tránsito ejecutados por conductores de vehículos o autoridades de tránsito y robo simple, previstos en el Código Penal para el Estado de Nayarit.

El citado Juzgado se localizó en las instalaciones del Centro de Justicia para la Mujer, en la avenida Rey Nayar número 199, colonia Aviación, de la capital nayarita.

Previamente (cita el poder judicial de Nayarit), hubo capacitación tanto para personal judicial como para abogadas y abogados postulantes, incluso labores de normatividad, difusión y desarrollo de infraestructura, entre otras acciones, coordinadas por la Comisión de Implementación estatal, encabezada por el Poder Judicial.

El 25 de febrero de 2016 fue inaugurado el Centro Regional de Justicia Penal de Tepic, en apoyo de la regionalización del servicio de impartición de justicia en la materia, que actualmente presta atención en seis regiones:

• I (Acaponeta, Huajicori, Tecuala y Rosamorada),
• II (Santiago Ixcuintla, Ruiz, Tuxpan y Del Nayar),
• III (Tepic, Xalisco, Santa María del Oro y San Blas),
• IV (San Pedro Lagunillas, y el municipio de Compostela en lo que corresponde al Juzgado
  Mixto de esta ciudad),
• V (Bahía de Banderas y Compostela en lo que corresponde al territorio
  competencia de Juzgado Mixto de las Varas), y
• VI (Ixtlán del Río, Jala, Ahuacatlán, Amatlán de Cañas y La Yesca).

De igual forma, opera una Comisión para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral, que es el área administrativa dependiente de la Secretaría General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nayarit.

La Comisión se encarga de la planeación, ejecución y evaluación de las actividades necesarias para la consolidación de dicho sistema, así como de la coordinación de las diversas áreas administrativas involucradas en estos procesos; además, preserva la relación interinstitucional con las instancias de coordinación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Fiscalía General del Estado.

Cabe precisar que las juezas y jueces del Sistema Acusatorio y Oral han sido designados mediante concurso de oposición convocado por el Consejo de la Judicatura, hoy presidido por la magistrada Rocío Esther González García.

El Tribunal Superior de Justicia destaca los avances en materia de impartición de justicia

Para la titular del poder judicial en Nayarit, Rocío Esther González García, el paradigma de la justicia cambió en México porque todas esas reformas vinieron a agilizar el procedimiento y dar mayor transparencia; es decir, que el juez lleve el conocimiento de la causa desde el principio. Para González García, el reto inicial fue la capacitación de todos los funcionarios, desde el notificador, el auxiliar de sala, el número de jueces por sala, los requerimientos de cada una de ellas. Las salas de oralidad fueron construidas en un tema natural de transparencia, donde el juez está frente a las partes en un sistema de publicidad, concentración e inmediatez, que es precisamente la presencia del juez en el conocimiento de la causa y las partes, que son el imputado, el defensor y la fiscalía a través de los ministerios públicos.

 ¿Cómo inicia esto (se cuestiona la propia titular del poder judicial)?

Pues, suponiendo que se judicialice la carpeta de investigación (carpeta de hechos) de las causas que investigan los ministerios públicos, será un juez de control el que califica; si viene con detenido será una audiencia de control de detención; o sin detenido, una audiencia de formulación de imputación. A partir de ahí el juez tiene que resolver las medidas cautelares; es decir, si el delito es grave será prisión preventiva oficiosa o se valoran otras circunstancias como el arraigo de una persona que se va a someter a un proceso penal. Puede haber otras medidas como una garantía económica, o que no salga del estado o el país. La prisión preventiva justificada se llama así porque es ante el juez de control en esa audiencia inicial en el que la fiscalía (Ministerio Público), el defensor del imputado, menciona las razones para que se establezca una determinada medida por parte del juzgador, así también regularmente se da una fecha de próxima audiencia donde se formulará el auto de vinculación a proceso o no. Una vez decretado el auto de vinculación a proceso inicia un procedimiento de apertura de pruebas (audiencia intermedia), después de ese momento sigue la etapa del tribunal de enjuiciamiento para conocer sobre la sanción o la individualización de la sanción.    

¿En este sistema hay un mejoramiento? En el pasado se hablaba de un rezago de expedientes y que no había justicia pronta y expedita. 

Yo creo que sí. Todas estas reformas constitucionales vienen a abatir esta gran deuda que tenemos, en ocasiones por como estaban construidos anteriormente los sistemas, te estoy hablando de oralidad penal. En el 2013 iniciamos la oralidad mercantil, en el 2019 la oralidad laboral. En el 2017 hubo una reforma civil y familiar, pero estamos a la espera de que se expida el código nacional de procedimientos civil y familiar, que el Congreso de la Unión habrá de expedir para que los estados podamos aplicarlo. En Nayarit ya estamos listos, ya se ha capacitado al personal.

¿Del sistema tradicional aún se llevan asuntos?

Sí. Anteriormente contábamos con tres juzgados de justicia penal del sistema tradicional y poco a poco, derivado de la implementación de los juzgados orales, estos fueron desapareciendo. El consejo de la Judicatura una vez que observa el tema estadístico va desapareciendo juzgados y ahora sólo hay un juzgado penal, pues hay varios asuntos por resolver.

La aversión que tenían algunos litigantes ante este sistema ¿Se logró vencer?

Todo fue un reto. No solamente tienes que capacitar a los operadores jurídicos (jueces, notificadores, etc.), sino que también se tuvo que capacitar a ministerios públicos, todo lo de fiscalía. Ellos iniciaron un cambio de paradigma en la imputación, la integración de las carpetas, el sistema de persecución penal de la Secretaria de Seguridad Pública. Para todos fue un reto, incluso para abogados que venían del anterior sistema escrito tuvieron que iniciar con algunas capacitaciones técnicas de litigación oral.  

¿Hubo audiencias que se suspendieron por falta de capacitación?

Algunos litigantes incluso no podían manejar la manera de expresarse, que también tuvieron que tomar ese tipo de clases en técnicas de litigación oral. En el sistema tradicional escrito tú le entregas la petición al juez, quien la ve, la revisa y sentencia, es decir, no hay una interacción o una cercanía.

¿Estamos cercanos a la justicia? ¿A la independencia de cada poder?

Independencia judicial siempre ha existido, es un mandato constitucional gozar de jueces autónomos e independientes, está escrito en el artículo 17 constitucional. Nosotros somos independientes y autónomos, por eso estamos en esta división de poderes que el legislador ha dicho, en tanto se crea el poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Los jueces gozan de autonomía, de independencia en su función, esto quiere decir que son ajenos a cualquier circunstancia de cualquier naturaleza para poder resolver una controversia. Precisamente se hizo esta reforma porque las audiencias son públicas; es decir, todo lo que en una audiencia se observa, pues, se puede ver, el público puede estar viendo lo que dice el juez, lo que le está replicando el abogado del imputado, y en el caso del ministerio público, cómo va llevando su defensa. Estas audiencias son públicas, el principio de publicidad es el primer principio de que goza el sistema penal acusatorio. Creo que se transparentan las determinaciones del juez y no hay esa suspicacia de que quizá en el sistema tradicional como estaba escrito, pues era el juez, su expediente, su secretario, era como muy impenetrable estar ahí cuando se dictaba sentencia, casi siempre excarcelaban a la persona, ahí se le daba lectura, ahora es público.  

¿Entonces desde su punto de vista estamos cercanos a la justicia con este nuevo sistema?

La justicia, definitivamente, yo no digo cercano, la justicia la estamos viviendo, la estamos aplicando, la estamos llevando a cabo. Y bueno, estamos a través de ello cumpliendo con nuestra principal función, que es esa, el conocimiento de los casos y la aplicación de la justicia, del derecho, conforme a las reglas legales y a los parámetros de constitucionalidad que también nos exige la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos (entrevista completa en: https://youtu.be/-nMTtUSKH3A).

La Fiscalía General de Justicia y su posición en torno al nuevo sistema

Una pieza fundamental en el Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio tiene que ver con la fiscalía del estado, la cual es presidida por el fiscal, Petronilo Diaz, misma que ha tenido múltiples retos, entre ellos, encarcelar al ex gobernador de Nayarit Roberto “N”, perseguir al también ex gobernador Ney “N”, ambos mandatarios con malos manejos administrativos y que se comprobó el desvió de millones de pesos que tenían un fin determinado.

El subfiscal, Rodrigo Benítez Pérez, aceptó dar una entrevista en la que da a conocer sus razones y su percepción sobre la aplicación que ha tenido el sistema penal acusatorio en beneficio de la sociedad. El también maestro en derecho, con reconocimientos internacionales por su amplia capacidad y conocimiento en esta materia, se mete a las entrañas de la aplicación de la norma, pero también aborda cómo se dio el cambio de paradigma para su institución.

¿Fue difícil la aplicación del nuevo sistema?

El sistema de justicia penal oral acusatorio contradictorio adversarial, que mandató la reforma del 2008, tomó en nuestro país, obviamente en nuestro estado, un cambio, una gran transformación que, hasta antes de esa reforma, era totalmente ajena al sistema jurídico y cultura jurídica también. Razón que es parcialmente cierta solamente, pues en la constitución de 1917, en el articulo 20 ya ordenaba el derecho de toda persona imputada de tener un juicio oral, inclusive a ser juzgado por jurados. Este sistema de enjuiciamiento estuvo ya vigente en nuestro país de 1920 a 1929, se derogó ese código procesal y se acudió al sistema tradicional escrito. Fue desde luego un gran reto la implementación, porque, en efecto, el sistema acusatorio oral es más caro e implica más recursos, la necesidad de videograbar todo lo que sucede en el proceso. Implicó también hacer una transformación de los perfiles requeridos por los operadores en virtud de que se requerían menos secretarios, menos auxiliares y más titulares; es decir, más jueces, más ministerios públicos, más defensores. Porque ya no puedes derivar ninguna de las tareas, tienes que estar presencialmente en las audiencias y a partir de ahí, con la problemática que aquejaba siempre por la falta de recurso económico, fue difícil el proceso de implementación, pero finalmente se logró iniciar, precisamente a principios del 2015, con el inicio de cinco delitos menores para empezar; el daño a las cosas, abandono de familiares, lesiones simples, robo simple, etc. Así, con asuntos sencillos para que empezaran las primeras experiencias de aplicación y de vivencia de las audiencias de juicio penal.

¿Cuál fue la experiencia de los litigantes nayaritas?

Creo que, desde luego, los que estábamos como operadores, teníamos la ventaja de que la capacitación se nos proporcionó por la llamada SETEC Secretaria Técnica, dependiente de la Secretaria de Gobernación, que le encargaba, precisamente, de establecer todas las estrategias de implementación, y una de ellas era, desde luego, la capacitación. Fue un proceso de aprendizaje para todos, para jueces, ministerios públicos, para defensores y desde luego para los defensores particulares. Para mí fue muy importante el proceso de capacitación impartido desde las aulas en las universidades, la Universidad Autónoma de Nayarit, como en algunas universidades privadas; por iniciativa de algunos maestros empezaron a generar los equipos de litigación en los concursos estudiantiles y  ese fue un semillero para que a la postre todos éstos empezaran a tener estas experiencias en los concursos estudiantiles, se convirtieron en especialistas y a la postre son muy buenos defensores particulares o algunos agentes del ministerio público, incluso funcionarios judiciales.   

¿Hay mayor capacitación en la fiscalía? ¿Tienen mejor salario?

Mire, hay una frase por parte de los capacitadores, que este sistema expulsa por sí, solo a quien no está capacitado y es una gran verdad. En el sistema tradicional los malos funcionarios se podían esconder tras un escritorio o un documento escrito que firmaba, a veces con información que no provenía del intelecto del que lo estaba suscribiendo. En el sistema oral no hay ninguna posibilidad de eso. Todos los ministerios públicos, los jueces y defensores, deben tener la preparación porque todo está video grabado y nadie te puede ayudar. Eso invita a tener mayor nivel de preparación y, por ende, ser mejor remunerados, esa circunstancia es ya una realidad, los ministerios públicos ya tienen sueldos muy dignos, los jueces e incluso los defensores públicos ya tuvieron unas mejoras. Entiendo que los buenos abogados particulares, pues, se cotizan en su trabajo, no en el renombre de sus despachos, sino en criterios de resultados que han tenido en sus audiencias.

¿Algunos abogados señalan que sigue habiendo jueces de consigna?

En el sistema de audiencias, como ya lo referí, es muy difícil sostener un planteamiento que no tenga sustento argumentativo en la ley o probatorio, porque la verdad salta a la vista. Este es el contradictorio. También nuestro sistema procesal es bastante noble en el sentido de las salidas que hay para impugnar una determinación cuando no es apegada al derecho o a las pruebas, porque se cuenta con la justicia federal vía amparo directo e indirecto, y también se cuenta con la apelación. Entonces, cuando (en) una resolución se habla o se considera que no está sustentada y que tiende a favorecer a la parte fuerte, que es la gubernamental, pues ahí están los recursos, porque hemos visto y ahí están las estadísticas, es muy baja, el porcentaje es muy bajo de amparos, por ejemplo, que invalidan, anulan o revocan determinaciones dictadas por los jueces. De hecho, se considera que es más probable que se pueda incurrir en una injusticia en instancias revisoras que lo que resuelven los jueces en primera instancia, porque ellos ahí tienen a las partes, al defensor, a la víctima, la ven a los ojos, la escuchan, ahí tienen a la familia, a los periodistas que están haciendo una crónica día a día de lo que resuelven y ellos también opinan, y desde luego todo ello ejerce lo que se llama un control social del trabajo de las partes. Entonces, considero que, desde luego, puedo ver malas decisiones, pero aquí las malas decisiones se placean, se dan a conocer de manera pública cuando las hay. En el sistema tradicional había un montón de decisiones que simplemente quedaban ahí en un documento escrito y que nunca se daban a conocer para efectos del escrutinio social.

¿Cuál es el reto para mejorar aún más nuestra impartición de justicia en México?

El reto que tenemos en el estado de Nayarit es el tema de cobertura, en virtud de que las salas de audiencias en principio se implementaron en los centros regionales. Entonces, anteriormente donde hubiera un escritorio de un juez podía haber sentencias y proceso. Ahora necesitas tener tu sala de audiencia. Si es un reto a abordar en el corto plazo, es que existan más los centros regionales o juzgados donde se imparta justicia oral. Tengo entendido que ya está viéndose esa parte; por ejemplo, ya se está trabajando en las condiciones para, este mismo año, tener un centro regional en Las Varas, municipio de Compostela. Otro reto es que se tome cada vez de una manera natural, también incluso por las partes, el llevar audiencias por videoconferencias, es decir, que los despachos, que la fiscalía, las defensorías, tengan un sistema que si se quiere que sea más fidedigno de videoconferencia, con una buena señal de internet, con unas buenas pantallas, buen audio y video, para efecto que podamos estar conectados y llevar a cabo, mediante las tecnologías digitales, un buen número de audiencias y evitar los desplazamientos. Desde luego que la capacitación siempre será un reto, porque en el sistema penal acusatorio, como en la vida misma, actualmente, con los retos que implica la competencia que hay tan feroz en las profesiones y los negocios en el mundo, si te quedas donde mismo, pues en realidad retrocedes, no es de que te quedes donde mismo. Aquí siempre hay que estar actualizando, hay que ir afinando tus técnicas de litigación, tus conocimientos jurídicos para poder seguir siendo competitivos en los juicios y en las audiencias y en los procesos (entrevista completa en https://youtu.be/nhskZ5TrsbE).

La comisión de la verdad y de apoyo a las víctimas ve con buenos ojos al nuevo sistema

Uno de los personajes que se ha posicionado como fundamental en el desarrollo de la defensa a las víctimas es, Rodrigo González Barrios, quien ha sido diputado federal dos veces, además de ocupar la presidencia del Comité Estatal del PRD y tener diversos cargos en la administración pública. González Barrios, como el Quijote en la célebre novela de Miguel de Cervantes Saavedra, no solamente va luchando contra los molinos de viento, que se tornan gigantes de la impunidad, sino que va en busca de esa su amada justicia.

El hoy vocero de la Comisión de la Verdad, accedió en su domicilio a una entrevista para fijar su postura y también narrar su experiencia en torno al nuevo sistema penal acusatorio en el estado de Nayarit.

 ¿Qué le ha parecido la aplicación del nuevo sistema?

Primero, es gratificante, la verdad, que desde el 2008 se haya planteado la reforma y entonces haya un nuevo sistema penal acusatorio que permite que las audiencias puedan ser públicas. Y una vez que son públicas uno se puede enterar de lo que sucede cuando se genera un juicio, desde las audiencias de imputación, vinculación, audiencias intermedias, aporte de pruebas, todo ese tipo de cuestiones hasta el juicio.  Hemos completado un primer juicio en primera instancia, una sentencia de 35 años y es gratificante, además, porque en este proceso las víctimas han jugado un papel relevante, el acompañamiento que hemos dado nosotros, de la sociedad, más los abogados y luego, es gratificante después que encuentras que la fiscalía, pues, hay elementos que se pusieron a trabajar; obviamente hay una instrucción de quien preside la fiscalía y luego también cuando esos elementos, primero, datos de prueba que se confirman en una sentencia, y luego el tribunal que estuvo conformado por dos juezas y un juez presidente, todo ello conlleva a que haya un resultado positivo para la sociedad. Positivo en qué términos, en que después de, prácticamente tres semanas, los jueces, con base en los testigos, con base en los interrogatorios, contra interrogatorios y recontra interrogatorios, ellos, finalmente, se convencieron de que la víctima tenía la razón y emitieron una sentencia condenatoria por secuestro agravado de 35 años, por eso es muy gratificante.

¿Tu experiencia desde el inicio?

Lo que ya he planteado. Tú te das cuenta de todo lo que sucede, te das cuenta si tienes debilidades o si tienes fortalezas. En todo caso, las fortalezas hay que hacerlas más fuertes y las debilidades tratar de que se puedan mejorar en el caso de los testigos y de los datos de prueba que luego se convierten en pruebas. Y entonces te das idea de cómo son este tipo de audiencias. ¿Cuál fue la audiencia más larga en la que yo estuve? Tuvo que ver con los magistrados, Pedro Antonio y con Marmolejo, y los cuatro jueces, que fue una audiencia de vinculación a proceso que llevó más de 20 horas; luego ahí tu te das cuenta del comportamiento de los defensores, de los acusados, del trabajo importante que hizo la fiscalía, también de los defensores de la víctima en el caso del Infonavit. Eso, obviamente, ayuda mucho para que tú te prepares en los juicios que vienen, en este caso a medio año vendrá un nuevo juicio en contra de Carlos “N”, en contra de Edgar Veytia. ¿Qué ha sucedido en esta parte? Es bien relevante y le quiero poner énfasis. A Veytia ya se le había declarado culpable por narcotráfico en los Estados Unidos y lo que sucedió en este juicio, en donde se presenta como testigo, como testigo colaborador de la fiscalía de Nueva York, en este juicio contra García Luna, y en donde Edgar Veytia, para ser creíble su testimonio, pues declara que asesinó a diez personas, declara que torturó a treinta personas. Todo esto vino a caer como una bomba en Nayarit y en lo que ya había una verdad social, porque sabíamos que Veytia era así, pero hoy se ha constituido en una verdad jurídica, en una verdad legal en primera instancia y esto abre, obviamente, una enorme posibilidad tanto a las víctimas de secuestro o de tortura, como también una posibilidad enorme de que el Estado mexicano, una vez que Veytia se declara culpable por tortura, la  tortura es un delito de lesa humanidad y una vez también, en que los jueces sentencian a uno de los principales funcionarios del periodo de Roberto Sandoval, porque hay que decirlo muy claro, Carlos “N” fue diputado local en 2011 a 2015, también fue diputado presidente de la Comisión de Gobernación y puntos constitucionales y fue presidente también de la mesa directiva del Congreso del estado de Nayarit en ese periodo. Él era uno, desde mi punto de vista, de los funcionarios que pueden saber qué pasó con las personas desaparecidas. ¿Por qué? La comisión nacional de búsqueda, a fines del 2021, presentó al comité contra la desaparición forzada de la ONU. Señaló que Roberto Sandoval, que Veytia y funcionarios, tenían que ver con desapariciones, y esto lo hizo de manera pública el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaria de Gobernación, Alejandro Encinas, quien dijo en una mañanera que Roberto Sandoval, Veytia y funcionarios, son responsables de la desaparición de personas del estado de Nayarit. Roberto Sandoval, en la cárcel, por ilícitos que no tienen que ver con delitos de lesa humanidad, ni con secuestros ni nada. Veytia en la cárcel por narcotráfico, pero, además, declarándose culpable de haber asesinado y de haber torturado. Y ahorita tenemos a uno de los principales funcionarios del gobierno de Roberto Sandoval, compadre de Veytia, que está ya sentenciado en una primera instancia por secuestro agravado. Yo creo que él, Carlos “N”, es de las personas, de los funcionarios que tienen que ver y que saben sobre los temas de desaparición forzosa y esto es relevante porque yo creo que la Segob y la subfiscalía de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, tienen el camino muy amplio para incidir, robustecer, lo que yo considero, de que ya están algunas personas que deben ser señaladas y creo que deben de judicializarse carpetas por probable desaparición forzada.

¿Hay mayor justicia ahora con este nuevo sistema penal acusatorio?

Lo que tú te encuentras, es la posibilidad que tiene la ciudadanía de conocer lo que sucede ahí, o sea, tienes la posibilidad de conocer todo lo que pasa y puedes una vez terminada, una vez que el juez pone un golpe en la mesa diciendo, se termina la audiencia, a partir de ahí tu sales y puedes publicar, hacer público, todo lo que ahí pasó.

¿Hay temas por corregir?

Yo no soy abogado, pero, evidentemente, seguramente, los abogados son los que pudieran señalar si hay temas por corregir. Yo solamente digo que esta es una experiencia muy gratificante porque, por ejemplo; me tocó estar en 2014 como diputado federal, ir a la penal, y me tocó ver a un campesino al cual le estaban despojando sus terrenos y estaba su esposa, sus hijos, afuera, él en barandilla, la policía lo estaba golpeando adentro de barandilla y el juez no hallaba que hacer, obviamente se pidió que lo dejaran de golpear, el juez estaba apanicado y exigimos que dejaran de golpearlo. Al final de cuentas el señor salió, ya estaba Veytia, el campesino salió y no entregó sus tierras. Pero mira la diferencia entre eso que me tocó vivirlo y una sala en donde hay público, en donde está el juez enfrente, donde se está grabando todo y entonces ahí, pues, lo que tiene que haber es, efectivamente, tu tienes que presentar pruebas consistentes, la fiscalía y, obviamente, para convencer al juez de que tienes la razón. Una gran diferencia entre aquella vez que vi a un juez, que estaban golpeando a la persona, que era en el periodo de Veytia, y esta vez que me tocó ver a los jueces, pues que están en una audiencia pública y grabada. Claro que hay una enorme diferencia.

Falta una mayor autonomía del poder judicial

El abogado, Aldo Becerra Cruz, tiene una amplia experiencia en temas jurídicos, pues es egresado de la Universidad Panamericana, tiene maestría en Programación Neuro Lingüística, maestría en Derecho Fiscal por la Universidad Autónoma de Guadalajara, actualmente es doctorante en derecho por la Universidad Panamericana campus Guadalajara, ha sido dos veces presidente de la Asociación de Abogados del estado de Nayarit y actualmente es oficial mayor de la Federación de Abogados del estado de Nayarit y fue subsecretario de Asuntos Jurídicos en el periodo del 2011 al 2017.

Becerra Cruz, debido a sus múltiples actividades, no pudo charlar de manera personal sobre los temas que tienen que ver con el sistema penal acusatorio, pero lo hizo vía telefónica.

¿Qué hay por perfeccionar en este sistema?

Efectivamente, el sistema penal acusatorio ha generado muchas controversias y muchas opiniones favorables y en contra. La verdad que la intención fue buscar celeridad de los procesos, buscar transparencia y, sobre todo, justicia, mucha justicia para las víctimas; pero también para los imputados, para que lleven un proceso a cuestas, respetándoles sus derechos fundamentales y que la mayoría de los delitos queden reparados. Al día de hoy, considero, que el sistema penal acusatorio como se esta tratando en nuestro país, se encuentra en una etapa de adolescencia, falta mucho para que llegue una etapa de madurez. A veces se confunde mucho con el sistema tradicional, con el sistema inquisitivo, no se ha obtenido mayor celeridad en los procesos, no se ha obtenido transparencia y, por el contrario, hay derechos fundamentales que se violan mucho, como el de la presunción de inocencia; no es posible que por delitos que no merezcan una prisión preventiva, gente esté purgando una condena anticipada o que esté en prisión por una medida cautelar que sí se le impuso y que la corte o los mismos jueces digan que no son culpables porque no tienen una sentencia en su contra. También considero que en el país no es algo privativo de Nayarit, yo lo veo a nivel nacional, falta una mayor autonomía del poder judicial y que el poder judicial imponga verdaderamente el imperio que tienen las resoluciones. Es como si las fiscalías, tanto las estatales como la federal de la República, impusieran o marcaran la directriz que se van a dar en resoluciones en muchos asuntos, es muchísima la presión y considero que sí hay mucha injerencia todavía de las fiscalías hacia los procesos para los cuales fue creado, un equilibrio realmente procesal y el respeto a los derechos fundamentales, tanto de las víctimas como de los imputados y que no se maneje ningún asunto políticamente a través de las fiscalías, a través de los juzgados de oralidad, porque eso se ha venido manejando a nivel nacional y en los estados es muy palpable, creo que es cuestión  de tiempo para que se actualice y funcione como debe de funcionar. Claro que es perfectible y a quien le corresponde gran parte de esa labor es a los abogados, a los litigantes, de estar denunciando, de estar interponiendo los recursos que hagan falta, como se dice ahí “estar picando piedra”, para lograr un verdadero equilibrio y el verdadero respeto de los derechos fundamentales de las partes que intervienen en un proceso penal.  

Audio del ex presidente de la Asociación de Abogados de Nayarit