EDITORIAL: LA SALA REGIONAL GUADALAJARA RESTAURA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y LA LABOR PERIODÍSTICA EN NAYARIT
Por: Séptimo Cantón
En un fallo histórico que sienta un precedente indispensable para la salud democrática de Nayarit y el libre ejercicio de la libertad de prensa, la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó la sentencia dictada por el Tribunal Estatal Electoral de Nayarit (TRIEEN) en el expediente SG-JDC-901/2026 y sus acumulados. Con esta determinación, el máximo órgano jurisdiccional federal electoral en la región dejó sin efecto la existencia de la infracción por supuesta Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPG) que indebidamente se había atribuido a nuestro colaborador periodístico Guevara Guevara Monroy y a Gabriel Adrián Orozco Maldonado, administrador de este medio.
Desde la emisión del fallo de primera instancia, en Séptimo Cantón mantuvimos una postura firme: la labor informativa y el análisis crítico sobre el actuar de las autoridades de elección popular no pueden, ni deben, confundirse con violencia de género. La sentencia de la Sala Regional confirma que la resolución del TRIEEN adoleció de una visión fragmentaria, descontextualizada y desproporcionada de los hechos, vulnerando el derecho fundamental a la libertad de expresión y el escrutinio público.
El contexto omitido: El debate público sobre el manejo de recursos
El origen de la controversia no surgió de un ataque insidioso o personal, sino del flujo natural del debate político y gubernamental. La propia alcaldesa de Tepic, en conferencia de prensa pública previa, introdujo en la opinión pública su condición personal y de maternidad para defenderse ante los cuestionamientos periodísticos respecto a la aclaración del valor y origen de una propiedad patrimonial.
Al analizar el asunto con rigor procesal y perspectiva integral, la Sala Regional Guadalajara advirtió que el tribunal local omitió valorar el material probatorio completo, ignorando el origen de las declaraciones que el periodismo de opinión únicamente retomó. Las referencias vertidas en la nota no tuvieron por objeto menoscabar ni discriminar a la servidora pública por el hecho de ser mujer, sino cuestionar la coherencia de la narrativa política utilizada para justificar temas inherentes a la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder público.
Los límites de la crítica aceptable en una democracia
El fallo de la Magistrada Ponente Irina Graciela Cervantes Bravo y del Magistrado Sergio Arturo Guerrero Olvera recuerda un principio medular de la jurisprudencia constitucional e internacional: los servidores públicos están sujetos a un umbral de tolerancia y un escrutinio social notoriamente más amplio que el de un particular. Quienes ostentan un cargo de elección popular exponen voluntariamente sus dichos y actos al rigor de la prensa y la ciudadanía.
La sentencia destaca que el régimen sancionador electoral no debe utilizarse para acallar la crítica ni para vaciar de contenido la verdadera lucha contra la Violencia Política de Género. La estricta proporcionalidad que exige la restricción de la libertad de expresión demuestra que en este caso no existió asimetría de poder que menoscabara el libre ejercicio del cargo de la funcionaria, ni se emplearon estereotipos con la intención de devaluar su capacidad política.
Compromiso inquebrantable con la verdad y la sociedad
La revocación de la multa, de la orden de disculpa pública y de la inscripción en el registro de personas sancionadas restituye la presunción de licitud de la labor periodística independiente que ejercemos en Noticias Séptimo Cantón.
Reiteramos nuestro firme compromiso con la erradicación de cualquier forma de violencia hacia la mujer y la promoción de la igualdad sustantiva. Sin embargo, reafirmamos que la protección de estos derechos fundamentales no puede instrumentalizarse para sofocar el debate abierto, indispensable en una sociedad plural y madura.
En Séptimo Cantón continuaremos informando con responsabilidad, objetividad y sin sumisión ante el poder, amparados en el mandato constitucional que garantiza el derecho a la información de toda la ciudadanía nayarita.