El ejercicio de la libertad de expresión no es una concesión del poder público, sino el cimiento indispensable de cualquier República que pretenda llamarse democrática. Sin embargo, la reciente exhibición e instrumentación de listas desde Palacio Nacional, señalando de manera explícita a medios de comunicación y periodistas críticos, marca un punto de inflexión alarmante en la política nacional.

No nos encontramos únicamente ante una discrepancia retórica entre el gobierno y la prensa, sino ante un proceso de regresión institucional. Exhibir públicamente a quienes ejercen la crítica o sostienen posturas encontradas con la narrativa oficial no democratiza el debate; lo enrarece, lo inhabilita y promueve un clima de estigmatización que socava la convivencia plural.

Durante los años más severos del hegemonismo partidista del siglo pasado, aun en los momentos de mayor tensión entre el Estado y la oposición, la prudencia política evitaba la señalización explícita e institucionalizada de la crítica periodística. Existían presiones, sin duda condena e inequidad, pero guardar las formas democráticas respetaba un límite elemental: la prensa no debía convertirse en el enemigo declarado desde el tribuna del Estado.

Hoy presenciamos la aceleración de una dinámica que distorsiona el rol institucional de la Presidencia. Lo que comenzó como un modelo de confrontación verbal diaria se ha transformado en un mecanismo sistemático de descalificación. Esta actitud raya en dogmatismos donde la disidencia deja de ser vista como una postura legítima dentro del espectro democrático para ser catalogada como una amenaza que debe ser exhibida y cercada.

Gobernar para todos exige entender que el contrapeso periodístico no responde a un complot ni a la traición, sino a la naturaleza viva de la democracia. Cada medio y cada periodista responde a sus lectores, a sus audiencias y a sus circunstancias, y es precisamente en esa diversidad donde reside el equilibrio frente al poder desmedido.

La historia ha demostrado reiteradamente que cuando el poder central se atribuye el derecho de definir quién es legítimo para opinar y quién no, la sociedad en su conjunto pierde. El señalamiento oficial hacia la prensa no solo vulnera las garantías básicas del ejercicio periodístico, sino que envía una señal intimidatoria a toda la ciudadanía.

Es momento de encender las alertas y exigir el retorno a la tolerancia y al respeto por la pluralidad. La fortaleza de un gobierno no se mide por su capacidad para acallar o señalar la crítica, sino por su madurez para convivir con ella.