​TEPIC, NAYARIT. — La postura vertida por la funcionaria Paola Vargas Arciniega reavivó el debate sobre los límites de la función pública y el ejercicio del periodismo en la entidad, al manifestar públicamente su respaldo hacia los comunicadores Gabriel Séptimo y Guevara Monroy frente al escrutinio legal e institucional.
​A través de un mensaje difundido en redes sociales, Vargas Arciniega sostuvo que quienes ostentan un cargo en la administración pública deben asimilar el cuestionamiento ciudadano y mediático como un componente inherente a su responsabilidad social, señalando que la crítica, aun cuando resulte incómoda, forma parte de las obligaciones del cargo.
​Asimismo, la funcionaria enfatizó la importancia de mantener un equilibrio riguroso en la aplicación del marco normativo, señalando que los instrumentos legales diseñados para erradicar la violencia contra las mujeres no deben ser instrumentalizados para blindar a las figuras de poder ante la fiscalización pública.
​El pronunciamiento generó reacciones en el gremio periodístico local, en un contexto donde el libre ejercicio de la libertad de expresión y la cobertura de asuntos de interés público continúan enfrentando desafíos de interpretación legal y política en la región.