​Ataque al periodismo y a la libertad de expresión: un grave retroceso democrático

​El ejercicio del periodismo libre y el debate público plural constituyen pilares irrenunciables de cualquier sociedad democrática. Cuando los tribunales y el aparato institucional son instrumentalizados para acallar a los medios de comunicación y censurar el debate de interés público, no solo se vulnera el derecho a la información, sino que se atenta directamente contra las libertades fundamentales que sostienen a nuestra comunidad.

​El periodismo cumple una función social indispensable: servir como espacio de deliberación, escrutinio público y difusión de visiones críticas. Pretender sancionar o silenciar a un medio de comunicación por dar voz a terceros, especialistas o analistas en temas de interés colectivo representa una grave falta de reconocimiento a los valores democráticos. Un medio informativo no puede convertirse en un rehén judicial ni en una víctima de pretensiones que buscan inhibir la crítica hacia el ejercicio de la función pública.

​Exigimos que las autoridades jurisdiccionales respeten los estándares constitucionales y convencionales que protegen la libertad de prensa. Defender la labor periodística y el derecho de la ciudadanía a estar informada es defender la democracia misma. Perseguir la libre expresión no solo sienta un precedente peligroso, sino que marca un franco e inadmisible retroceso institucional.

POSTURA EDITORIAL

​Ataque al periodismo y a la libertad de expresión: un grave retroceso democrático

​El ejercicio del periodismo libre y el debate público plural constituyen pilares irrenunciables de cualquier sociedad democrática. Cuando los tribunales y el aparato institucional son instrumentalizados para acallar a los medios de comunicación y censurar el debate de interés público, no solo se vulnera el derecho a la información, sino que se atenta directamente contra las libertades fundamentales que sostienen a nuestra comunidad.

​El periodismo cumple una función social indispensable: servir como espacio de deliberación, escrutinio público y difusión de visiones críticas. Pretender sancionar o silenciar a un medio de comunicación por dar voz a terceros, especialistas o analistas en temas de interés colectivo representa una grave falta de reconocimiento a los valores democráticos. Un medio informativo no puede convertirse en un rehén judicial ni en una víctima de pretensiones que buscan inhibir la crítica hacia el ejercicio de la función pública.

​Exigimos que las autoridades jurisdiccionales respeten los estándares constitucionales y convencionales que protegen la libertad de prensa. Defender la labor periodística y el derecho de la ciudadanía a estar informada es defender la democracia misma. Perseguir la libre expresión no solo sienta un precedente peligroso, sino que marca un franco e inadmisible retroceso institucional.